Organizaciones de infancia y derechos humanos exigen que el Senado apruebe de forma urgente la designación de Marisa Graham como Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes.
Entre octubre de 2017 y abril de 2019 se celebró un concurso de oposición y antecedentes, llevado adelante por la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Finalmente, Marisa Graham fue la elegida para ocupar el puesto como defensora y Facundo Hernández y Fabián Repetto como defensores adjuntos.
Organizaciones de infancia de derechos humanos, entre ellas el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP) y personalidades de la cultura y la política se encuentran exigiéndole al Senado de la Nación aprobar en forma urgente la designación de las autoridades de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en el período de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, para dar inicio a su funcionamiento institucional.
A través de un comunicado, las organizaciones firmantes le solicitan al Senado que cumpla con la ley y confirme la designación de las autoridades nominadas al frente de la Defensoría, para que el organismo pueda iniciar sus funciones. Hoy, con las sesiones extraordinarias programadas para el 28 de este mes, en el Senado se votará la designación que obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2019.
“La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes completa la institucionalidad del sistema de protección de derechos de la infancia y debe priorizar la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país en la agenda pública”, explica Facundo Hernández, miembro fundador del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Secretario de la Dirección de Niñez del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y elegido a ocupar el puesto de Defensor Adjunto.
La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue creada por la ley 26.061 en 2005, sin embargo el puesto sigue vacante.
“La gravedad de la crisis económica y social, con especial impacto en la niñez y en la adolescencia, pone en evidencia la necesidad ineludible de contar con una Defensoría Nacional, que exija las políticas públicas destinadas a la infancia, y asegure el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia en condiciones de igualdad”, completa Hernández.
El 28 de septiembre de 2005 se sancionó la ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que creó el cargo federal de Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de proteger y visibilizar las problemáticas de la niñez y priorizar sus derechos en la agenda de políticas públicas.
“Saldar esta deuda pendiente es reivindicar el compromiso que tiene el Estado con la niñez. El nombramiento de la Defensora del Niño permitirá fortalecer instituciones democráticas que promuevan políticas públicas efectivas e inclusivas”, sostiene Joaquín Cruzalegui, vicepresidente del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP).
“Esta figura es única porque un niño no puede representarse a sí mismo legalmente, no puede ir a ver a un juez o hacer una denuncia en una comisaría si sus derechos se encuentran vulnerados. Necesita de una figura para poder velar por sus derechos y acceder al pleno ejercicio de los mismos”, concluye Cruzalegui.
En 2017, el Congreso de la Nación acató una sentencia judicial y conformó la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que inició el proceso de selección y designación del Defensor o Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes mediante concurso público. Entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre de 2017 la Comisión Bicameral abrió el período de recepción de inscripciones de candidatos y candidatas al cargo de Defensor. El órgano legislativo admitió, en la primera instancia de convocatoria, a 68 postulantes al cargo.
“Es fundamental dar cumplimiento a la ley de creación de la Defensoría de niñas, niños y adolescentes, primero porque hace muchos años que está sancionada y nunca entró en vigencia, y lo más importante, porque en nuestro país, hay una serie de normas que componen el Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes, que fueron sancionadas para garantizar el ejercicio de sus derechos, pero como sabemos, muchas veces están normas no se cumplen, o se demoran en su cumplimiento, por lo que se hace indispensable un ámbito, en este caso la Defensoría, para que se puedan denunciar estas situaciones, y mediante su intervención, promover o garantizar el cumplimiento de las normas y restituir así los derechos vulnerados”, declara Florencia Tufró, responsable de las políticas de género del IADEPP.
“La designación del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes resulta imprescindible no solo para dar cumplimiento a un mandato legal vigente, sino como establece el artículo 1 de la Ley 26.061, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Argentina es parte”, comenta Martín Scotto, Presidente de la Asociación Civil El Trapito.
